Si bien el emprendimiento constituye una opción para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en un mercado rígido y marcado por algunos prejuicios sobre las capacidades laborales de este sector de población, lo cierto es que la tasa de autoempleo entre las personas con discapacidad es mucho más baja que en el conjunto de la población, 10,9%, frente a 16,3% ¿Considera que trabajar por cuenta propia resulta más complejo para las personas con discapacidad? ¿Qué barreras u obstáculos les condicionan especialmente?

 

Desde luego, el autoempleo, como cualquier otra vía de inclusión laboral, es más arduo para las personas con discapacidad que para el resto de trabajadores sin discapacidad. La discapacidad castiga laboralmente, siempre, en cualquier modalidad de acceso, permanencia y progresión en el mercado de trabajo. Sistemática y estructuralmente es así, también en el autoempleo, incluso más acusadamente en esta fórmula. La principal causa que condiciona de modo negativo la opción por el autoempleo de las personas con discapacidad es el menor espíritu emprendedor existente entre este grupo social, debido a circunstancias ambientales que colocan a las personas con discapacidad en situaciones forzosas de dependencia, sujetos a decisiones de otros (familia, instituciones, cuidadores, apoyos externos, etc.), que ahogan la libre autonomía la decisión propia y la vida independiente. Entre las personas con discapacidad, tradicionalmente (familia, escuela, entorno social, etc.), no se fomenta ni estimulan el carácter emprendedor, la iniciativa propia, lo que tiene su reflejo en todo lo que se refiere a la integración económica en la sociedad. Hay otras concausas más, pero esta es la que determina de forma más onerosa.  

 

¿Cuáles son las principales motivaciones que llevan a las personas con discapacidad hacia el emprendimiento?

 

Un primer género de motivos procede de un genuino espíritu emprendedor, una auténtica vocación por la propia iniciativa económica, que se sobrepone a todos los condicionantes ambientales, que en general disuaden y provocan o inducen la inhibición en las personas con discapacidad a la hora de plantearse el emprendizaje. Son numéricamente pocas, pero con una voluntad muy firme por el emprendimiento. Junto a los vocacionales, por convicción y sentimiento propios, hay los que llegan al autoempleo una vez han experimentado en sus carnes el rechazo o las restricciones del mercado de trabajo por cuenta ajena; tras tristes y sucesivas comprobaciones de que el empleador típico no cuenta con las personas con discapacidad, o muy escasamente, ante una oferta laboral inexistente o muy magra, que esconde una discriminación estructural, la persona con discapacidad, sin una vocación por el autoempleo prístina, lo escoge como última vía de acceso al mercado de trabajo, rebelándose de algún modo contra un sistema productivo que la rehúsa. Serían los emprendedores con discapacidad a la fuerza, que transitan el único camino al empleo que no se les ha vedado. Finalmente, estarían los trabajadores con discapacidad en activo, en empresas con empleadores en las que estaban contratados por cuenta ajena, que fracasan como proyecto económico (cierres, crisis, despidos colectivos, etc.), lo que obliga a esos trabajadores a acudir al autoempleo como forma de supervivencia laboral. 

 

En su opinión, ¿qué variables contribuyen al éxito, consolidación y sostenimiento de una idea de negocio?

 

Como primera, y basal, estaría la de un sólido espíritu emprendedor en la persona con discapacidad. Una situación de empoderamiento mental y actitudinal que la hagan remontar los mensajes disuasorios, que ha recibido de forma expresa o tácita a lo largo de su vida, y que se acentúan cuando insinúa o plantea la vía emprendedora. Luego vendría los de cualquier negocio: habilidades y conocimientos de la persona para crear y gestionar un negocio; elección acertada del sector de actividad y del modelo de negocio; información amplia y actual sobre el sector económico en el que va a operar; acceso a las fuentes de financiación necesaria, etc. Estas últimas, en general, no difieren de las que se predican para cualquier emprendedor.  

 

En muchas de las ayudas de fomento del trabajo autónomo se añade un plus específico para los potenciales emprendedores con discapacidad reconocida. ¿Considera que dichas ayudas son suficientes para la consolidación del trabajo por cuenta propia entre las personas con discapacidad? ¿Cree que estas ayudas tienen suficiente difusión y son conocidas por el colectivo afectado?

 

No, enfáticamente no. No son suficientes, en absoluto, y son poco conocidas por sus potenciales destinatarios. Es una muestra más del fracaso o al menos la inadecuación de las políticas activas de empleo y de fomento del emprendimiento respecto de las personas con discapacidad. Esto es así, en parte, porque no existe una auténtica, digna de tal nombre, política pública de autoempleo de personas con discapacidad. Las medidas favorecedoras del autoempleo para las personas con discapacidad han venido después y se han añadido accesoriamente a las que ya preexistían para el mercado de trabajo por cuenta ajena. Han sido un subproducto en relación en ese marco de apoyos e incentivos. Son mucho menos intensas, duraderas y operativas que las que se dispensan a las empresas que contratan a personas con discapacidad. No hay una convicción sobre el emprendimiento de las personas con discapacidad, no en la autoridades ni en las políticas laborales, lo que comporta que apenas tengamos un sistema estructurado, un marco ordenado, sistemático y vigoroso de apoyos. Si a eso se añade, el ínfimo grado de difusión de lo que está vigente, aunque sea poco apreciable, y las dificultades objetivas de acceso a la información, el resultado raya en lo desolador. Está casi todo por hacer.

 

Por otro lado, la persona puede haber adquirido su discapacidad en la edad adulta como consecuencia de un accidente o enfermedad, “discapacidad sobrevenida”. Ante dicha circunstancia, ¿considera que hay medidas suficientes para proteger la situación personal de estas personas?; ¿Los autónomos que se ven en dicha situación tienen más complicaciones que el resto de los trabajadores?; ¿Cree que desde la Administración se contempla y atiende adecuadamente esta situación?

 

La discapacidad sobrevenida es el nuevo rostro de la discapacidad en España, es la realidad que se está imponiendo, y nuestro sistema no está concebido para darle respuesta apropiada. Si lo circunscribimos al mercado de trabajo, lo denunciado se intensifica. Nuestro ordenamiento laboral no es consciente de la discapacidad sobrevenida, no la tiene presente y no ha establecido apoyos para promover la retención del talento, la permanencia en la actividad y la continuidad laboral de la persona con discapacidad recién adquirida, aunque sea mutando las condiciones del puesto de trabajo, del entorno o de las condiciones laborales. Todo eso se puede hacer, acompañar activamente al trabajador con discapacidad sobrevenida, para que permanezca en el sistema productivo, compatibilizándolo, por qué no, con algún grado de protección social (prestación pública), si esto se revela útil para el objetivo de la continuidad laboral. Solo a partir de primeros de este año, los autónomos en activo que adquirían una discapacidad, pueden acogerse al marco de apoyos e incentivos para los autónomos con discapacidad originaria, gracias a una intervención del CERMI, que logró que el Gobierno y el Parlamento, se hicieran eco de esa demanda. Eso lo dice todo. Apenas comienza a aflorar en términos oficiales esta situación.

 

Desde su opinión, ¿qué medidas deberían abordarse para favorecer el emprendimiento entre las personas con discapacidad?

 

Serían muchas y variadas, no cabe duda. Primero, que las personas con discapacidad fuera percibidas y consideradas como un grupo relevante en términos de política pública y de regulación en el fomento del emprendimiento; de momento esto sucede de modo muy marginal. Luego, contar con ellas y con sus organizaciones civiles representativas a la hora de formular y articular la estrategia y decisiones públicas de apoyo esta tipo de emprendedores. Debería adoptarse un repertorio de medidas en todos los órdenes y niveles, del que hoy carecemos. También, que las organizaciones profesionales de autónomos incluyan en su agenda política, en posiciones de importancia, la cuestión de los autónomos con discapacidad. Ahora mismo, solo es el sector de la discapacidad el que hace incidencia política para que esto cambie, pero se precisa el compromiso vigoroso de las organizaciones profesionales del trabajo autónomo, que recién ahora parece que cobran conciencia de este estado de cosas.   

 

¿Qué les aconsejaría a las personas con discapacidad que desean constituirse por cuenta propia para garantizar el éxito y sostenimiento de su actividad?

 

Primero, las felicitaría por su determinación y arrojo, por erigirse en las dueñas de su propio destino económico y laboral, pese a tanto factor disuasorio. Hay una cierta heroicidad que es digna de encomio. Tras este primer refuerzo, les diría, les haría ver mejor, que no están solas, que aunque en una medida aún poca desarrollada, hay instancias –públicas, privadas, cívicas- que les pueden y deben acompañar, apoyar, para que su fin sea más sencillo de lograr. Que pidan, que exijan ayuda, que la merecen y que otros están obligados a prestársela. Si tienen una idea de negocio valiosa, poseen habilidades y conocen el entorno económico y productivo, con acompañamiento, su resultado será exitoso. 

 

¿Qué plantea el CERMI llevar a la agenda política en materia de autoempleo de personas con discapacidad?

 

En términos de política pública, tan solo recuerdo la demanda del sector de la discapacidad representado por el CERMI de que en el Estatuto del Trabajo Autónomo exista un título dedicado a los trabajadores autónomos con discapacidad, con un cuadro completo, extenso e intenso de medidas de acompañamiento y apoyo. Cuando esto sea así, nuestra acción pública habrá alcanzado la mayoría de edad en cuanto a considerar y respetar la discapacidad.

 

(*) Respuesta del CERMI al cuestionario planteado por Fundación ONCE, UPTA y ATA, entidades que están confeccionando el Libro Blanco del Empleo Autónomo de Personas con Discapacidad